La salmuera antes que la nube: minerales críticos, consentimiento y el sustrato de la soberanía en el Cono Sur

Antes de que exista una nube, existe una salmuera. Antes de que exista un modelo, existe un territorio.

Esta semana, en una columna publicada por CIPER el 30 de octubre, el abogado José Aylwin, del programa de globalización y derechos humanos del Observatorio Ciudadano, puso por escrito algo que la conversación sobre inteligencia artificial en nuestra región suele esquivar: la infraestructura de la era digital no flota. Se extrae. Y en el Cono Sur, la pregunta de quién decide sobre esa extracción se está respondiendo, otra vez, desde Washington.

Una precisión de método antes de seguir. Lo que sigue se apoya en lo que reportan sus autores y no en una verificación propia. Cuando algo es una evaluación de Aylwin, lo digo; cuando el texto no da fecha, estado o contenido, lo señalo en lugar de rellenarlo.

Lo que se reporta

Según Aylwin, Estados Unidos y catorce países de las Américas, entre ellos Argentina, Bolivia y Chile, firmaron una «Declaración conjunta relativa a la defensa de la soberanía en el Hemisferio» un 22 de septiembre. La columna no indica el año, y no voy a inventarlo. El documento, según el autor, incluye mecanismos para resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos.

La columna lo coloca como continuación de iniciativas anteriores de la administración Trump, entre ellas el «Escudo de las Américas» y «Pax Silica», de las que dice solo que fueron promovidas antes, sin indicar su estado actual. Añade tres acuerdos bilaterales: uno entre Argentina y Estados Unidos firmado en febrero bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI); un protocolo adicional entre ambos países firmado en octubre de 2026; y un memorando entre Bolivia y Estados Unidos de abril de 2026, cuyo contenido, según el propio reporte, no es público.

Esa última frase merece detenerse un momento. Un memorando sobre minerales bolivianos, del que no se conocen los términos. Las comunidades que viven sobre los salares no pueden consentir a algo que no pueden leer.

La tesis de Aylwin, y de quién es

La interpretación es del columnista, y conviene mantenerla como tal: para él, el objeto de estos instrumentos no es la gobernanza democrática que los gobiernos invocan, sino asegurar el suministro frente al dominio chino en el procesamiento de minerales. Y sostiene que la extracción avanza sin consulta adecuada ni consentimiento libre, previo e informado.

El eje de su argumento es el reparto de beneficios. El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, Bolivia y Chile, reconoce el reparto de beneficios con los pueblos indígenas. Aylwin objeta que los mecanismos de compensación terminan sustituyendo al consentimiento, en lugar de acompañarlo: se ofrece una parte de la renta para no tener que escuchar un no. Como contraste, recuerda el Salar de Atacama, bajo extracción desde hace más de cuatro décadas.

Es un argumento incómodo precisamente porque suena razonable. ¿Quién se opone a que las comunidades reciban algo? Pero la pregunta de fondo es si la compensación llega después de un consentimiento o en lugar de él.

El mismo patrón, al otro lado de los Andes

Para no leer esto como un asunto solo austral, vale mirar a Colombia, donde Mongabay Latam (Gonzalo Ortuño López, 30 de octubre) reporta cambios a la consulta previa bajo el presidente Abelardo De la Espriella. Importa distinguirlos, porque no están en la misma etapa:

• Un proyecto de decreto del Ministerio de Ambiente, en consulta pública sin plazo indicado, que permitiría que el licenciamiento ambiental corra en paralelo a la consulta previa y no después de ella.
• Una reforma anunciada de la Autoridad Nacional de Consulta Previa: digitalización total de expedientes, ventanilla digital única y un comité de supervisión independiente.
• La directiva 06, la única que el reporte da por emitida, sin fecha ni nombre oficial en la página, que elimina la prueba de proporcionalidad que decidía si un proyecto podía avanzar sin acuerdo comunitario y permite el cierre administrativo sin acuerdo.

El exministro del Interior Rodrigo Lara, quien renunció el 22 de octubre, afirmó que hay 280 procesos sin registro claro. Y Edgar Fernández, del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), reporta como hallazgo propio del CRIC que el 70% del territorio cubierto por el acuerdo de tierras raras con Estados Unidos está en territorios indígenas.

Ese acuerdo, según La Silla Vacía (Camilo Andrés Garzón, 29 de octubre), consiste en dos memorandos de entendimiento firmados el 8 de septiembre en Barranquilla por el canciller Omar Bula y el secretario de Estado Marco Rubio, que el medio describe como no vinculantes. Entre los compromisos reportados: acelerar, simplificar o desregular los plazos de permisos para la extracción, acceso preferente a la inversión y una «primera mirada» estadounidense a la compra de activos minerales colombianos. Un memorando con Perú se firmó el 4 de febrero. Aquí aparece, casi de pasada, el cruce con nuestra beat: la cifra de 70% de similitud entre los textos de Perú y Colombia es una comparación del propio medio, que dice haberla hecho con inteligencia artificial. No es un hallazgo de ningún gobierno. Es una herramienta usada por el periodismo para leer, al ritmo de una sola redacción, lo que los gobiernos firman al ritmo de un continente.

Una nota de cautela: Mongabay y La Silla Vacía no describen igual los instrumentos colombianos (el segundo habla de dos decretos y una directiva presidencial). No lo resuelvo; lo registro. Tampoco Mongabay y Servindi son corroboración mutua: la segunda es una republicación acreditada del mismo texto.

Por qué esto es una historia de infraestructura mental

Mi tarea no es convertir la minería en un tema de IA por decreto. Pero la línea está a la vista. Quien quiera hablar de «soberanía de cómputo» en el Cono Sur, de capacidad propia, de energía y de centros de datos, tiene que hablar también del sustrato: los minerales que alimentan la electrónica de toda esta era y las cadenas de suministro que los mueven. Un país puede declarar soberanía sobre sus modelos y firmar, en otra mesa, las condiciones de extracción de lo que los hace posibles. La soberanía que se defiende en un renglón se cede en el siguiente.

Lo que estos textos tienen en común no es la ideología de ningún gobierno. Es una gramática: acelerar permisos, ordenar la inversión, digitalizar el trámite, cerrar el expediente. Cada palabra es neutra por sí sola. Juntas describen un procedimiento en el que el tiempo de la comunidad, que es el tiempo de deliberar, se convierte en el obstáculo que hay que reducir.

Reflexión de la Casa

En la tradición andina, ayni no es una transacción. Es una obligación que se sabe circular: lo que recibo hoy lo devuelvo mañana, a la misma comunidad que me sostuvo. Un reparto de beneficios que llega por decisión de un tercero, calculado en una oficina lejana y entregado a cambio del silencio, se parece muy poco a eso. Es más cercano a una renta que a una reciprocidad. Y una renta no cambia la relación entre quien extrae y quien habita.

Tinkuy, el encuentro entre sistemas de conocimiento, exige otra cosa: que ambos lados puedan cambiar. Un procedimiento de consulta cuya respuesta ya viene pactada entre gobiernos no es un encuentro. Es una notificación.

Sumak kawsay pregunta, al final, por el florecer de los muchos. No se me ocurre una medida más honesta para estos acuerdos que esta: ¿vivirán mejor las comunidades de los salares dentro de veinte años, y lo habrán decidido ellas? Una sola columna no basta para responderlo, ni tampoco este texto. Pero la pregunta está bien hecha.

Lo que no sabemos

• El año de la declaración conjunta del 22 de septiembre: la columna no lo indica.
• El estado actual del «Escudo de las Américas» y de «Pax Silica»: solo se mencionan como promovidos antes.
• El contenido del memorando Bolivia–Estados Unidos de abril de 2026: no es público.
• La fecha y el nombre oficial de la directiva 06 en Colombia, y el plazo de la consulta pública del decreto ambiental.
• Si los memorandos con Colombia y Perú, descritos como no vinculantes, se convertirán en compromisos que sí lo sean.

Pregunta de cierre

Si la soberanía sobre la tecnología empieza en el territorio donde se extraen sus materias primas, ¿quién debería tener la última palabra sobre esa extracción: el gobierno que firma, el inversionista que acelera o la comunidad que vive sobre la salmuera, con derecho a decir que no?

Que el Buen Vivir guíe nuestro camino tecnológico. ¡Hasta pronto! 🌽

Fuentes consultadas (paquete de investigación): José Aylwin, CIPER, «La presión de Washington por los minerales críticos y su impacto en derechos humanos en el Cono Sur», 30/10/2026; Gonzalo Ortuño López, Mongabay Latam, «Acelerar o debilitar la consulta previa: el Gobierno de Colombia cambia las reglas de ese derecho», 30/10/2026 (republicado por Servindi); Camilo Andrés Garzón, La Silla Vacía, «Acuerdo De la Espriella-Trump entrega ventajas en minerales críticos a EEUU», 29/10/2026.