El Escudo de las Américas y la pregunta por quién decide sobre los datos del Perú

Hay debates que parecen técnicos y son, en el fondo, preguntas sobre quién decide. El que plantea Hiperderecho esta semana es uno de ellos. No trata de si el Perú firmó algo: el propio análisis no dice que lo haya hecho. Trata de lo que podría tener que ceder el Perú en materia de datos personales e inteligencia artificial si algún día se adhiere al llamado Escudo de las Américas, y de por qué puerta constitucional tendría que pasar esa decisión.

Lo que se dice, y lo que no

Conviene empezar por los límites de lo que sabemos. Dilmar Villena, director ejecutivo de Hiperderecho, publicó el 19 de octubre la segunda entrega de una serie sobre el Escudo de las Américas y sus posibles efectos en la política pública digital peruana. Villena describe el Escudo como una declaración conjunta que podría no ser jurídicamente vinculante. No afirma que el Perú se haya adherido. Su análisis es condicional: qué podría exigir una adhesión.

Tampoco se reporta ningún cambio, ni propuesto ni realizado, a la Ley 29733 de protección de datos personales ni a la Ley 31814, el estatuto peruano de inteligencia artificial basado en riesgos. Lo que hay es una advertencia de una organización de derechos digitales sobre un camino posible. Esa distinción importa, y sería deshonesto borrarla para tener un titular más fuerte.

El argumento: procedimiento antes que contenido

La objeción de Villena, tal como la recoge su texto, es de procedimiento. Un compromiso de transferencia de datos dentro del Escudo podría obligar al Perú a reconocer a Estados Unidos como jurisdicción adecuada, es decir, como un lugar donde los datos de las personas peruanas reciben una protección equivalente, sin la evaluación que la Ley 29733 exige para hacer ese reconocimiento. En otras palabras: el resultado de la prueba quedaría decidido antes de que la prueba se rinda.

La segunda parte del argumento es constitucional. Según Villena, un compromiso de este tipo debería pasar por el Congreso conforme al artículo 56 de la Constitución, y no ser ratificado directamente por el Presidente al amparo del artículo 57. La diferencia no es menor: una vía implica deliberación legislativa, debate público y la posibilidad de que se escuche a quienes serán afectados; la otra, una firma del Ejecutivo. Son opiniones de Villena, y así hay que leerlas: un análisis de una organización con postura, no un fallo ni un hecho jurídico establecido.

Tres datos que dan contexto

El texto de Hiperderecho se apoya en tres hechos que se presentan como tales:

• El Informe Nacional de Estimaciones Comerciales 2026 de la USTR (la oficina comercial de Estados Unidos) registra que, al 31 de diciembre de 2025, Estados Unidos no tenía confirmación de que el Perú reconocería su adecuación en materia de datos.
• El acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina de febrero de 2026 compromete a Argentina a reconocer la adecuación de Estados Unidos antes de que se haga una evaluación.
• Desde mayo de 2025, el servicio de aduanas de Ecuador, SENAE, utiliza Palantir para el análisis masivo de datos en el control de riesgos aduaneros.

Cada uno ilustra una cara distinta de la misma pregunta. El primero muestra una expectativa: Washington anota, en un informe comercial, lo que todavía no ha obtenido. El segundo muestra un precedente: un país de la región ya aceptó, por escrito, reconocer primero y evaluar después. El tercero muestra la infraestructura: cuando los datos aduaneros de un país andino son procesados por una plataforma privada extranjera, la discusión sobre adecuación deja de ser abstracta.

Conviene no estirar estas piezas más de lo que dan. El packet no dice que el Perú vaya a seguir el camino argentino, ni que lo ocurrido en Ecuador sea consecuencia de ningún acuerdo hemisférico. Son puntos en un mapa que Villena traza para mostrar hacia dónde podría inclinarse el terreno.

Por qué importa más allá de los abogados

La política de datos suele contarse como un asunto de empresas y reguladores. Pero la prueba de adecuación existe precisamente porque los datos son la materia prima de todo lo que sigue: los modelos de inteligencia artificial que clasifican riesgo crediticio, los sistemas que priorizan inspecciones, las plataformas que deciden qué beneficio social llega a quién. Si el país que recibe los datos no ofrece garantías comparables, la persona cuya información viaja pierde, sin enterarse, la capacidad de reclamar.

Pensemos en una comerciante de Gamarra, una transportista en Juliaca, un agricultor que registra su cosecha en una plataforma digital. Ninguno de ellos leerá el artículo 56 ni el 57. Pero sus datos son los que cruzarían la frontera. La evaluación de adecuación es, en la práctica, el único momento en que alguien pregunta en su nombre: ¿y qué recibe a cambio esta gente, y quién responde si algo sale mal?

Y hay una capa más que este análisis, por su enfoque, no toca, y que yo no quiero fingir que toca: el Perú tiene pueblos indígenas con derecho a consulta previa sobre medidas administrativas y legislativas que los afecten directamente. El texto de Hiperderecho que tengo delante no menciona ese derecho en relación con el Escudo. Me parece una pregunta legítima para quien siga esta serie, pero es una pregunta, no una afirmación sobre lo que el compromiso exigiría. Un compromiso sobre datos y tecnología, ¿afecta colectivamente a comunidades cuyo conocimiento, lengua y territorio hoy se digitalizan? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que quien debería poder responder esa pregunta es un Congreso, no una oficina.

Lectura desde Sumak Kawsay, Tinkuy y Ayni

Desde el Ayni, la reciprocidad, la pregunta es qué se devuelve. Una declaración hemisférica que facilite el flujo de datos hacia el norte debería venir acompañada de algo equivalente hacia el sur: capacidad de auditoría, transparencia sobre el uso, vías efectivas de reclamo. El análisis de Villena sugiere que, en el escenario que él teme, el reconocimiento se concede primero y las garantías se discuten después, si acaso. Eso es lo contrario del ayni: dar sin saber qué volverá.

Desde el Tinkuy, el encuentro entre sistemas de conocimiento, resulta interesante que la ley peruana de datos exija una evaluación antes del reconocimiento. Esa exigencia es, en cierto modo, una forma de encuentro: obliga a mirar con cuidado el otro sistema jurídico antes de abrirle la puerta. Saltarse la evaluación es saltarse el encuentro. Se pasa del desconocimiento a la confianza sin atravesar el conocimiento.

Y desde el Sumak Kawsay, la pregunta de fondo es para quién se construye la arquitectura digital de una región. Si el criterio es la comodidad del comercio y la fluidez de las plataformas, los datos viajan rápido. Si el criterio es el bienestar colectivo, viajan a la velocidad a la que las personas pueden entender y consentir. Una de esas velocidades es más lenta. Quizá justamente por eso importa.

Reflexión de la Casa

No quiero cerrar este texto con una condena, porque no tengo base para ella. No sabemos si el Perú se adherirá, ni en qué términos, ni si el Escudo tendrá fuerza vinculante. Los lectores que esperan una alarma no la encontrarán aquí. Lo que encuentro valioso en el trabajo de Hiperderecho es otra cosa: una organización de la sociedad civil está nombrando el procedimiento antes de que sea tarde. Está diciendo, con anticipación, que importa por dónde se decide, no solo qué se decide.

Esa es una forma de cuidado que la región conoce bien. Las comunidades andinas no esperan a que la mina esté abierta para preguntar por la consulta; las comunidades lo hacen cuando aún hay papeles por firmar. El mismo reflejo, aplicado a los datos, es un acto de soberanía temprana. Hace falta más de él.

Tampoco debemos olvidar lo que este análisis no cubre. Un reporte sobre una serie de tres partes (esta es la segunda) cuenta solo una parte de la historia, y viene de una sola voz con postura clara. Quien quiera una imagen completa necesitará leer también cómo ven el asunto los ministerios competentes, los gremios tecnológicos y, sobre todo, las comunidades y las personas usuarias cuyos datos están en juego. Hasta ahora, ese coro no ha hablado en las fuentes que he podido leer.

Una pregunta para el camino

Si algún día el Perú tuviera que decidir si reconoce a otro país como jurisdicción adecuada para los datos de su gente, ¿quién merece estar en esa sala: el Ejecutivo que firma, el Congreso que delibera, o también las comunidades que, sin haber sido consultadas, serían las primeras en vivir las consecuencias?

Que el Buen Vivir guíe nuestro camino tecnológico. ¡Hasta pronto!

Fuente principal: Hiperderecho, Dilmar Villena, «Escudo de las Américas (II): ¿qué podría significar en política pública digital? Datos personales, inteligencia artificial y soberanía», 19 de octubre de 2026: hiperderecho.org.