Otra forma de cerco: la violencia digital contra quienes defienden el territorio en México

Un estudio de tres años documenta cómo la desinformación, los perfiles falsos y la exposición de datos personales se han convertido en otra forma de ataque contra quienes defienden el territorio en México. El Estado, dicen sus autores, todavía no tiene un lugar para nombrar ese daño.

Durante siglos, quien defendía un bosque, un río o una milpa en México sabía de dónde podía venir la amenaza: del camino de terracería, de la camioneta sin placas, de la asamblea comprada. Hoy la amenaza también llega por el teléfono. Llega como un mensaje que difama, como un perfil falso que habla en nombre de la comunidad, como una fotografía y una dirección que alguien decidió volver públicas. Llega a una pantalla que, para muchas personas indígenas, es también el lugar donde se organiza la asamblea, se difunde la denuncia y se pide ayuda.

Esa es la materia de Resistencia y Resiliencia: Respuestas colectivas a ataques digitales, un estudio de tres años que, según lo reporta Diana Manzo en Servindi (con crédito a Itsmo Press como publicación original), cubre cuatro países: México, Brasil, Filipinas y Kenia. El trabajo está asociado con Voces del Territorio, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Iniciativa de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI). Lo que documenta es un repertorio que cualquiera que haya pasado tiempo en redes sociales reconocerá: campañas de desinformación, campañas de difamación, exposición de datos personales, perfiles falsos y amenazas, dirigidos contra defensores y defensoras indígenas del medio ambiente.

Tres casos con nombre y territorio

Lo que distingue este reporte de la advertencia genérica sobre «los riesgos de internet» es que pone nombres. Para México, el estudio nombra tres casos: el pueblo zapoteco de Puente Madera, en Oaxaca; el pueblo purépecha de Cherán K’eri, en Michoacán; y el pueblo yaqui de Loma de Bácum, en Sonora. Tres regiones distintas, tres lenguas distintas, tres historias de defensa del territorio con trayectorias propias. Lo que las une, según el estudio, es haber sido objeto de ataques digitales.

Conviene ser precisos sobre lo que sabemos y lo que no. El reporte al que tuvo acceso esta redacción menciona los casos y la tipología de ataques; no es una investigación forense de cada incidente, y aquí no se atribuye a nadie la autoría de un ataque específico. Lo que sí se puede decir es que quienes hicieron el estudio, acompañando a comunidades durante tres años, concluyen que el fenómeno es lo bastante sistemático como para merecer una respuesta de política pública.

Los números detrás de la pantalla

El reporte coloca el fenómeno sobre dos cifras que ayudan a medir su escala. La primera viene de Global Witness: en 2022, México ocupó el tercer lugar mundial en ataques letales contra personas defensoras del medio ambiente, y al menos la mitad de las personas asesinadas eran indígenas. Es una cifra de 2022 y así debe leerse; no es un conteo de este año. Pero describe el terreno sobre el que se montan los ataques digitales: no un espacio de debate donde las palabras son inocuas, sino un país donde defender el territorio puede costar la vida.

La segunda cifra viene de la encuesta ENDUTIH 2025: el 86.1 % de las personas mexicanas de seis años o más usa internet, frente a 57.4 % en 2015. Y el 26.6 % de esas personas usuarias se autoidentifica como indígena. Dicho de otro modo, la brecha digital sigue existiendo, pero ya no es la historia principal. Las comunidades indígenas están en línea, en proporciones que hace una década parecían imposibles. La pregunta se desplazó de «¿cómo conectarlas?» a «¿qué les ocurre ahora que están conectadas?».

Aquí está la parte incómoda de esa estadística. Durante años, el discurso del desarrollo digital celebró la conectividad como un bien en sí misma: más cobertura, más usuarios, más inclusión. Rara vez preguntó quién responde cuando la conexión se convierte en una vía de agresión. Una comunidad que se conecta para organizarse queda también expuesta: sus liderazgos tienen rostro, nombre, número de teléfono, y la plataforma que amplifica su voz amplifica igual la de quien quiere silenciarla.

Un marco de protección sin dimensión digital

La tesis central del estudio, tal como la recoge el reporte, es que el daño está documentado mientras que la maquinaria estatal para responder a él no fue construida para esta forma de violencia. Las recomendaciones, y vale subrayar que son demandas y no medidas adoptadas, apuntan en tres direcciones. Primero, que el Estado mexicano reconozca los ataques digitales como violencia que debe ser prevenida, investigada y sancionada. Segundo, que las políticas de protección a personas defensoras incorporen una dimensión digital, con enfoques intercultural y de género. Tercero, que se cierren las brechas digitales.

Esas tres frases parecen técnicas, pero encierran una discusión de fondo. Reconocer un ataque digital como violencia significa que una fiscalía debería poder recibir la denuncia de una defensora cuyo perfil fue clonado para desacreditarla, y entender que eso no es «un asunto de redes», sino parte de la misma cadena de hostigamiento que puede terminar en el camino. La dimensión intercultural importa por una razón práctica: un protocolo de seguridad digital escrito para un periodista urbano de la capital no sirve sin traducción, y no hablo solo de idioma. Una comunidad que decide en asamblea, donde el teléfono de una persona es a veces el teléfono de todas, necesita medidas pensadas para esa forma de vivir lo común, no para el individuo aislado que presuponen las guías de privacidad.

Lo que la tecnología pregunta y no responde

Este es un artículo sobre tecnología aunque no mencione un solo modelo de inteligencia artificial, y quiero explicar por qué lo incluyo en esta columna. Las herramientas que producen perfiles falsos creíbles, que automatizan la difamación o que cruzan datos dispersos para localizar a una persona no son ajenas a la conversación sobre IA; son su rostro cotidiano en los territorios. Cada mejora en la capacidad de generar texto o imagen convincente abarata el costo de la mentira dirigida. El reporte no afirma que los ataques que documenta hayan usado IA generativa, y no lo diré yo por él. Lo que sí vale la pena preguntar es qué pasará con un marco de protección que ya llega tarde a la violencia digital de ayer, cuando la de mañana sea más barata, más rápida y más difícil de distinguir de una voz auténtica.

Hay además una asimetría que la mirada de Ayni, el principio andino de reciprocidad, vuelve visible. Las plataformas se benefician de la presencia de estas comunidades: de su actividad, de su atención, de sus datos. ¿Qué devuelven cuando esa presencia se vuelve peligrosa? ¿Qué mecanismo tiene una defensora de Oaxaca o de Sonora para exigir que un perfil falso sea retirado a tiempo, en su lengua o en un español que no la trate como un caso de «contenido» genérico? El estudio no responde a esas preguntas porque no es su propósito, pero el vacío es claro: el flujo de valor corre en un sentido y el costo del riesgo corre en el otro.

Reflexión de la Casa: territorio y pantalla

Desde el Sumak Kawsay, el buen vivir, el territorio no es un recurso sino una relación: con la tierra, con quienes la habitan, con quienes vendrán. Defender el territorio, entonces, es defender una forma de vida. La pantalla se ha vuelto parte de ese territorio ampliado, el sitio donde se tejen alianzas y se hace visible lo que ocurre lejos de las cámaras. Y como todo territorio, puede ser invadido.

Hay en esto un Tinkuy pendiente. Las comunidades de Cherán, de Puente Madera o de Loma de Bácum no han esperado a ninguna política para organizar su propia protección; sus formas de cuidado colectivo son anteriores al internet y, en muchos casos, más sólidas que cualquier protocolo institucional. El encuentro justo no consiste en que el Estado «enseñe» seguridad digital a las comunidades, sino en que aprenda de ellas cómo se cuida lo común, y construya instituciones capaces de acompañar ese cuidado en lugar de sustituirlo. La minga, el trabajo colectivo para un fin compartido, es un modelo más serio de seguridad que la suma de contraseñas individuales.

No quiero cerrar con una nota de esperanza fácil. El reporte describe un daño real, recomienda cosas razonables y no registra ninguna respuesta del Estado a esas demandas. Lo honesto es decir exactamente eso: hay un problema documentado, hay propuestas sobre la mesa y, hasta donde llega este reporte, no hay todavía una política que las recoja.

Una pregunta para quedarnos

Cuando el 26.6 % de quienes usan internet en México se reconoce como indígena, la pregunta de la inclusión digital ya no puede ser solo cuántas personas llegaron a la red. La pregunta es de quién es la red cuando ellas están dentro, y quién responde cuando ese espacio se convierte en otra forma de cerco. ¿Puede una política pública llamar «violencia» a lo que ocurre en una pantalla, antes de que sus consecuencias lleguen al camino?

Fuente: Diana Manzo, «Violencia digital: otra forma de ataque a defensores/as», Servindi, 15 de octubre de 2026 (con crédito a Itsmo Press, 12 de octubre de 2026, como publicación original). Las cifras de Global Witness (2022) y de la ENDUTIH (2025) son las que cita el reporte.

¡Hasta pronto!
Que el Buen Vivir guíe nuestro camino tecnológico. 🌽