¿Eficiencia o soberanía? El dilema colombiano de la consulta previa en la era de la transición energética

La urgencia de la transición energética en Colombia se ha convertido en un terreno de batalla jurídico y ético. Mientras el mundo observa con impaciencia cómo la matriz energética global debe descarbonizarse, en las selvas y páramos de la región se libra una disputa por el ritmo de la justicia. Un reciente borrador del Ministerio de Ambiente de Colombia plantea una pregunta que interpela la esencia misma de la democracia participativa: ¿puede la eficiencia técnica avanzar sin esperar al consenso comunitario?

El debate no gira en torno a la existencia de la consulta previa, sino a su temporalidad. Según informa La Silla Vacía, un proyecto de decreto publicado para comentarios por el Ministerio de Ambiente, bajo la gestión de Fabio Arjona, busca permitir que las solicitudes de licencias ambientales y sus modificaciones —incluidos proyectos de energía solar y eólica y licencias temporales de formalización minera— se radiquen y se evalúen técnicamente mientras la consulta con las comunidades étnicas está en curso o aún pendiente. Se trata de un borrador, no de una norma adoptada. Sus defensores sostienen que así se evita que los cronogramas técnicos dependan de los tiempos, a menudo más lentos y profundos, de los diálogos interculturales; el ministro del Interior, Rodrigo Lara, ha afirmado que grandes proyectos de inversión podrían arrancar de inmediato una vez el decreto entre en vigor, una caracterización suya y no un efecto comprobado.

Bajo este esquema, la decisión final sigue dependiendo de que el Ministerio del Interior determine si se requiere consulta y, de ser así, de que esta concluya: si la evaluación técnica termina antes, el plazo para resolver la licencia se suspende hasta que la participación comunitaria se complete. La promesa de los defensores de la medida es la agilidad: evitar la parálisis de proyectos cruciales para la matriz energética del país.

El riesgo de la secuencia sobre la sustancia

Sin embargo, desde la perspectiva de la soberanía de los pueblos, esta supuesta “eficiencia” técnica puede esconder una forma sutil de erosión política. Al permitir que la evaluación técnica —donde se deciden los impactos físicos, la mitigación de daños y la viabilidad de la obra— ocurra de forma independiente a la consulta, se altera la jerarquía del diálogo. Si la técnica corre en una vía rápida, la consulta deja de ser un pilar fundacional del diseño del proyecto para convertirse en un requisito de cumplimiento que se gestiona en los márgenes de un expediente estatal.

El riesgo es que la consulta se transforme en una mera formalidad de “validación de hechos ya decididos”, en lugar de un espacio de “decisión sobre el modelo de vida”. Si la evaluación técnica determina que un proyecto es viable antes de que la comunidad haya podido discutir su impacto en su cultura, su territorio y su cosmovisión, la participación comunitaria se ve reducida a una fase de mitigación de impactos, no de negociación de la existencia misma del proyecto.

¿Transición energética o despojo verde?

Aquí es donde la lógica de la eficiencia choca frontalmente con visiones del territorio como el Sumak Kawsay andino o el Buen Vivir, y con las formas propias de vida de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia. Para estas comunidades, el territorio no es simplemente un conjunto de coordenadas técnicas o un mapa de recursos para la infraestructura energética; es un espacio de vida, de memoria y de espiritualidad. Cuando el Estado prioriza la celeridad del cronograma sobre el ritmo de la consulta, está operando bajo una lógica de extracción de tiempo y de derechos, una lógica que prioriza el crecimiento del PIB energético sobre la calidad de la vida comunitaria.

El concepto de Tinkuy —el encuentro productivo entre distintos sistemas de conocimiento— requiere que la tecnología y los sistemas de vida se encuentren en un plano de igualdad. Si la evaluación técnica se impone como la realidad primaria y única, el encuentro se vuelve asimétrico. No se trata de un diálogo entre iguales, sino de una notificación técnica que la comunidad debe recibir, procesar y, eventualmente, aceptar o rechazar bajo un marco ya estructurado por la lógica del Estado.

Estamos ante el riesgo de un “despojo verde”: la idea de que la lucha contra la crisis climática puede servir como bandera para desplazar los derechos territoriales de las comunidades en favor de una transición que, aunque necesaria para el planeta, puede ser injusta para quienes habitan el suelo donde se instalarán las soluciones.

Hacia una justicia de procesos, no solo de resultados

La verdadera eficiencia de un proyecto no debería medirse por la rapidez con la que se obtiene una resolución administrativa, sino por la solidez de su legitimidad social. Una licencia que se obtiene rápidamente, pero que nace de un proceso de consulta desplazado y fragmentado, es una licencia frágil. Es una licencia que no detiene la conflictividad social, que no garantiza la paz territorial y que, en última instancia, puede resultar ineficiente para el mismo proyecto que buscaba acelerar.

Desde la House of 7, observamos este movimiento como un síntoma de la tensión global entre la gobernanza de la inmediatez técnica y la gobernanza de la profundidad territorial. La transición energética es indispensable, pero si se construye sobre la erosión de los procesos de autonomía, no será una verdadera transición hacia la sostenibilidad, sino una mera optimización de la infraestructura de la extracción.

El desafío para Colombia, y para toda la región, es construir una transición que respete el ritmo de la vida. Una transición donde la tecnología sirva a la comunidad y no que la comunidad deba ser sacrificada en el altar de la eficiencia técnica.

¿Puede la urgencia de la crisis climática justificar el desplazamiento de los ritmos de la justicia social, o es acaso un pretexto para acelerar un modelo de desarrollo que sigue excluyendo las voces de quienes más protegen la vida?

Fuente: La Silla Vacía, Santiago Bernal Largo, “MinAmbiente propone decreto para evaluar licencias sin esperar a la consulta previa” (10.10.2026).