La Nueva Carrera por los Centros de Datos: América Latina Entre la Oportunidad y la Dependencia

En una sala de servidores en São Paulo, el zumbido constante de miles de procesadores marca el ritmo de una transformación que pocos anticiparon. María Elena Rodríguez, ingeniera de infraestructura en uno de los centros de datos más grandes de Brasil, ajusta los sistemas de refrigeración mientras revisa las alertas de consumo energético. “Hace cinco años, este edificio no existía”, dice señalando las filas interminables de equipos que parpadean en la penumbra azulada. “Hoy procesamos más datos en una hora que toda la región hace una década.” Lo que María Elena no dice, pero intuye, es que bajo sus pies se libra una batalla silenciosa por el futuro de la economía digital latinoamericana—una batalla donde territorio, energía y soberanía se entrelazan de maneras que apenas comenzamos a comprender.

La explosión de la inteligencia artificial generativa ha transformado radicalmente la geografía del poder tecnológico global. Los modelos de lenguaje de gran escala, los sistemas de generación de imágenes y las herramientas de análisis predictivo que están redefiniendo industrias enteras no existen en el éter: requieren infraestructura física de proporciones colosales. Los centros de datos—esas ciudadelas de servidores que concentran la capacidad de cómputo del mundo—se han convertido en activos estratégicos tan codiciados como los yacimientos petroleros del siglo pasado. Y América Latina, con su abundancia de espacio, su potencial energético y sus costos competitivos, ha emergido como territorio disputado en esta nueva carrera. Brasil lidera el proceso regional con inversiones que superan los miles de millones de dólares de gigantes como Google, Microsoft y Amazon, quienes ya operan regiones cloud completas en el país. El Plan Brasileño de Inteligencia Artificial (PBIA) 2024-2028, con sus R$ 23 mil millones proyectados y 25 de 54 acciones ya ejecutadas, refleja una apuesta estatal por posicionar al país como hub regional. Chile se posiciona como nodo estratégico por su estabilidad macroeconómica, conectividad internacional y el potencial solar del desierto de Atacama. México funciona como puerta de entrada al mercado norteamericano bajo el paraguas del T-MEC, mientras Uruguay apuesta a nichos de servicios especializados y seguridad jurídica que atraen operaciones sensibles. Pero detrás de los anuncios de inversión y las ceremonias de inauguración, persisten preguntas incómodas que rara vez se formulan en voz alta: ¿quién controla realmente esta infraestructura? ¿A quién beneficia el valor que genera? ¿Estamos construyendo soberanía digital o simplemente alquilando nuestro territorio a las nuevas potencias tecnológicas?

La dimensión energética del fenómeno revela tensiones que trascienden lo técnico y tocan fibras profundas del modelo de desarrollo regional. Un centro de datos de escala hiperescalar puede consumir tanta electricidad como una ciudad mediana—entre 20 y 50 megavatios de potencia continua, las 24 horas del día, los 365 días del año. La refrigeración de los servidores, que generan calor equivalente al de miles de hornos funcionando simultáneamente, demanda sistemas que a su vez consumen enormes cantidades de agua y energía. En un contexto donde la transición energética se ha vuelto imperativo climático y las crisis hídricas se multiplican desde el Altiplano hasta el Nordeste brasileño, la llegada masiva de esta infraestructura reconfigura las matrices eléctricas nacionales de maneras no siempre previstas ni debatidas públicamente. Brasil, con su diversificada canasta hidroeléctrica, eólica y solar, ofrece argumentos de sustentabilidad que atraen a empresas tecnológicas bajo presión de sus propios compromisos ESG y las demandas de inversionistas. Pero la demanda creciente tensiona redes que ya enfrentan desafíos de transmisión y distribución, y plantea dilemas sobre prioridades: ¿debe la electricidad subsidiar el procesamiento de datos para corporaciones multinacionales mientras comunidades rurales aún carecen de acceso confiable? Chile, cuyo norte concentra algunos de los mejores recursos solares del planeta, podría convertirse en potencia renovable para alimentar la nube latinoamericana—pero también enfrenta debates sobre agua en el desierto, litio para baterías y los límites de un extractivismo que ahora se tiñe de verde. Argentina, con su enorme potencial eólico en la Patagonia, su tradición nuclear y sus vastos territorios, observa la carrera desde una posición paradójica: abundantes recursos pero sin estrategia nacional clara para capturar el valor de esta nueva industria, como señalan los análisis más recientes.

El principio de Ayni—la reciprocidad andina que equilibra dar y recibir, que entiende que ninguna relación sana puede ser puramente extractiva—ilumina las contradicciones de este momento con claridad que los marcos analíticos convencionales no alcanzan. La llegada de centros de datos trae inversión extranjera directa, empleos especializados en operación y mantenimiento, y conectividad mejorada que puede beneficiar a otros sectores. Pero también extrae: electricidad que podría alimentar industrias locales intensivas en mano de obra, agua para refrigeración en regiones donde campesinos y comunidades indígenas la disputan, datos de poblaciones que rara vez participan de los beneficios que esos datos generan cuando se procesan, analizan y monetizan en el Norte Global. El concepto de Tinkuy—el encuentro fértil entre diferentes, el espacio donde lo distinto puede dialogar sin que uno anule al otro—sugiere que la respuesta no está en rechazar la infraestructura digital ni en aceptarla acríticamente, sino en negociar sus términos desde una posición de conocimiento, organización y dignidad colectiva. ¿Qué exigencias deberían acompañar cada nueva inversión? ¿Transferencia tecnológica real que permita desarrollar capacidades locales de diseño y no solo de operación? ¿Compromisos vinculantes de procesamiento de datos locales que eviten que información sensible de latinoamericanos termine en jurisdicciones extranjeras sujetas al CLOUD Act estadounidense? ¿Participación en las ganancias a través de impuestos progresivos o fondos de desarrollo comunitario? ¿Formación de talento que trascienda la mera operación técnica hacia la investigación y la innovación? La soberanía digital, vista desde el Buen Vivir, no se construye cerrando fronteras al capital tecnológico ni compitiendo en una carrera hacia el fondo regulatorio, sino estableciendo las condiciones bajo las cuales ese capital contribuye genuinamente al florecimiento de las comunidades que lo reciben y al equilibrio con la Pachamama que lo sostiene.

La carrera por los centros de datos en América Latina apenas comienza, y su desenlace determinará mucho más que dónde se alojan los servidores que procesan nuestros mensajes, entrenan los modelos de lenguaje y almacenan las imágenes del mundo. Determinará si la región logra insertarse en la economía de la inteligencia artificial como protagonista con voz propia—desarrollando capacidades, reteniendo valor, protegiendo datos—o como territorio de extracción digital donde se repiten los patrones del salitre, el cobre, el petróleo y la soja. Determinará si la abundancia energética latinoamericana alimenta el desarrollo propio, con industrias locales que agreguen valor y empleos dignos que arraiguen a las nuevas generaciones, o si simplemente subsidia el consumo computacional del Norte Global mientras las comunidades observan pasar los cables de fibra óptica camino a puertos que no les pertenecen. Determinará, en última instancia, si somos capaces de imaginar y construir una infraestructura digital que sirva al florecimiento colectivo—al Sumak Kawsay que nuestros pueblos originarios han sostenido durante milenios como alternativa al desarrollo depredador—en lugar de perpetuar las asimetrías históricas que han definido la inserción latinoamericana en cada ola tecnológica anterior. La pregunta que queda resonando cuando se apagan las pantallas y persiste el zumbido de los servidores no es técnica sino profundamente política y civilizatoria: ¿puede América Latina aprovechar este momento para construir soberanía digital real, articulando Estado, comunidades, empresas locales y conocimiento ancestral, o estamos destinados a repetir—ahora con bits en lugar de barcos—el patrón extractivo que definió nuestra relación con las materias primas del pasado?