En una oficina de São Paulo, un científico de datos actualiza su terminal mientras espera. Lleva meses desarrollando un modelo de aprendizaje automático para optimizar la distribución de vacunas en comunidades ribereñas del Amazonas—un sistema que podría transformar la logística sanitaria en regiones donde las distancias se miden en horas de navegación fluvial. Pero su trabajo permanece estancado. No por falta de datos ni de conocimiento, sino porque no existe en su país la infraestructura necesaria para ejecutar los algoritmos que ha diseñado. “Tengo el código, tengo los datos, tengo el problema que resolver,” me confiesa un colega suyo que vive situaciones similares. “Lo que no tengo es dónde correrlo.” Esta escena, repetida en laboratorios, universidades y startups desde Monterrey hasta Montevideo, captura la paradoja central de la inteligencia artificial en América Latina: una región con talento abundante, problemas urgentes que resolver, y una infraestructura computacional que no alcanza para conectar ambos.

La semana pasada, Marcio Aguiar, director de la División Enterprise de NVIDIA para América Latina, ofreció un diagnóstico que resonó con fuerza en los círculos tecnológicos regionales. En entrevista con Infobae, Aguiar fue directo: “Sin un data center con miles de GPUs, nada va a pasar.” NVIDIA, la empresa que pasó de fabricar tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en el epicentro de la revolución de IA—con una valuación que saltó de 10.000 millones a 4,5 billones de dólares—trabaja actualmente en cuatro proyectos de centros de datos en Chile, ocho en Brasil pendientes de beneficios impositivos, tres en México y uno en El Salvador. Uruguay está en conversaciones iniciales. Argentina, con su Patagonia de clima frío ideal para refrigerar estas instalaciones y su nueva cercanía política con Washington, ha despertado interés como posible sede del proyecto Stargate—una inversión de 25.000 millones de dólares anunciada por OpenAI y Sur Energy. Pero Aguiar advierte sobre el riesgo de confundir anuncios con realidad: “Los valores son muy altos para Argentina. Nunca tuvimos un anuncio de inversión así… pero todavía no salieron del papel.”

El mapa de proyectos de NVIDIA revela tanto las oportunidades como las fracturas de la región. Brasil, con 132.000 de los 310.000 desarrolladores registrados por la empresa en América Latina, posee el ecosistema más maduro y el mejor sistema eléctrico. Pero sus impuestos de importación—que pueden alcanzar el 60 o 70 por ciento—”inhiben mucho a quien quiere invertir,” reconoce Aguiar. El plan Redata del gobierno de Lula prometía reducir esa carga, pero aún no se implementa. México se beneficia de su cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos, donde “las empresas estadounidenses se sienten más seguras.” Chile avanza con sus iniciativas CORFO. Mientras tanto, la mayoría de los países centroamericanos y andinos permanecen fuera del radar de las grandes inversiones, reproduciendo dentro de la región las mismas asimetrías que América Latina enfrenta con el Norte Global. El científico de datos en São Paulo tiene más en común con su colega en Lima o Bogotá que diferencias: ambos enfrentan la misma carencia estructural que convierte sus capacidades en potencial no realizado.

Lo que emerge de las declaraciones de Aguiar, sin embargo, trasciende la simple falta de fierros y cables. Hay una tensión más profunda entre la urgencia de construir infraestructura y la necesidad de que esa infraestructura sirva a objetivos propios. “Es imprescindible que un gobierno tenga control de los datos que van a ser procesados en su país,” afirmó el ejecutivo, reconociendo que “los países empiezan a entender que es importantísimo tener una infraestructura local, manejada por sus ministerios, como algo de defensa.” Esta declaración, proveniente del representante de una corporación que domina el mercado global de chips de IA, resulta significativa. NVIDIA necesita que los países construyan centros de datos; los países necesitan que esos centros de datos no se conviertan en nuevas formas de dependencia tecnológica. La pregunta incómoda que ninguna de las partes articula completamente es: ¿quién define los términos de ese intercambio? Cuando Aguiar advierte que “decir ‘tengo la computadora más grande de Argentina’ está bien, pero ¿qué van a hacer con eso? Porque esa computadora, si no está haciendo nada, en seis meses ya está vieja,” revela tanto una preocupación legítima por el uso efectivo de la inversión como una visión donde las prioridades de desarrollo las definen quienes proveen la tecnología, no quienes la necesitan.

Desde la perspectiva del Sumak Kawsay—el concepto andino del Buen Vivir que fundamenta nuestra mirada editorial—este debate sobre infraestructura de IA plantea preguntas que van más allá de las métricas de inversión y los anuncios corporativos. El principio de Ayni, la reciprocidad que sostiene el tejido comunitario en las culturas andinas, nos invita a preguntar: ¿qué recibe la región a cambio de lo que ofrece? América Latina aporta tierra, energía, talento humano, datos de sus poblaciones. ¿Qué retorna? La lógica extractiva que ha definido la relación de la región con el capital global durante cinco siglos no desaparece porque ahora se trate de chips de silicio en lugar de plata potosina. Cuando NVIDIA trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo para evaluar proyectos, declarando que “nos interesa que un país tenga infraestructura, pero sobre todo que saque provecho real de esa inversión y no lo haga solo por política,” surge la pregunta sobre quién define qué constituye “provecho real.” ¿Son las prioridades de salud pública en comunidades amazónicas? ¿La preservación de lenguas indígenas mediante modelos de lenguaje propios? ¿O son las necesidades de procesamiento de corporaciones globales que buscan ubicar sus cargas de trabajo donde la energía es más barata? El concepto de Tinkuy—el encuentro fértil entre diferentes sistemas de conocimiento—sugiere que la respuesta no tiene que ser una u otra, pero exige que las voces latinoamericanas participen en definir los términos del encuentro, no solo en aceptar los ya establecidos.

Mientras los gobiernos de la región negocian con NVIDIA y otras tecnológicas, Perú ha tomado un camino diferente que merece atención. Su Ley de Inteligencia Artificial, la primera de su tipo en América Latina, entró en vigencia con regulaciones que definen los usos de IA según niveles de riesgo y prohíben aquellos que vulneren derechos fundamentales. Es un intento, imperfecto pero significativo, de establecer reglas antes de que la infraestructura defina los hechos consumados. La soberanía digital, como nos recuerda el propio Aguiar sin quizás advertir todas las implicaciones de sus palabras, es “algo de defensa.” La pregunta que queda para los lectores de nuestra región es esta: cuando las “fábricas de inteligencia artificial” finalmente se construyan en suelo latinoamericano, ¿fabricarán inteligencia para resolver los problemas que nuestras comunidades definen como prioritarios, o resolverán los problemas que otros definen por nosotros? La respuesta dependerá menos de la velocidad con que los gobiernos “despierten,” como pide NVIDIA, que de la claridad con que los pueblos articulen qué tipo de despertar quieren.