Perú Enciende el Interruptor: Mañana Entra en Vigor el Primer Reglamento de IA de América Latina

En una pequeña oficina del Ministerio de la Producción en Lima, un equipo de funcionarios revisa por última vez los protocolos que mañana, 22 de enero de 2026, transformarán a Perú en el primer país latinoamericano con un reglamento de inteligencia artificial plenamente operativo. Mientras en Davos los líderes mundiales debaten sobre el futuro de la IA con champán en mano, aquí en los Andes se está escribiendo una historia diferente: la de una nación que decidió no esperar a que otros definieran las reglas del juego tecnológico. El Decreto Supremo No. 115-2025-PCM, que reglamenta la Ley 31814, representa más que un documento legal; es una declaración de soberanía epistémica en un continente acostumbrado a recibir tecnología sin participar en su gobernanza. Para una agricultora de Cusco que pronto podría recibir recomendaciones de siembra generadas por algoritmos, o para un joven programador en Arequipa que sueña con desarrollar soluciones de IA locales, mañana marca el inicio de una nueva era.

La Ley 31814, promulgada originalmente en julio de 2023, estableció el marco general para promover el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del Perú. Sin embargo, fue el reglamento publicado en septiembre de 2025 el que dotó a esta ley de dientes reales. El documento establece un sistema de clasificación de riesgos inspirado en el modelo europeo pero adaptado a la realidad peruana: sistemas de uso indebido que quedan prohibidos, sistemas de alto riesgo que requieren controles específicos, y sistemas de riesgo aceptable que pueden operar bajo supervisión general. Entre los usos prohibidos se encuentran la manipulación engañosa de decisiones personales, la vigilancia masiva sin base legal, la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos salvo excepciones muy restringidas, y el análisis de datos sensibles con fines discriminatorios. El reglamento también prohíbe explícitamente la predicción de delitos basada en perfiles personales, una práctica que ha generado controversia en otras latitudes por su potencial para perpetuar sesgos raciales y socioeconómicos.

El contexto regional amplifica la importancia de este momento. Según el reciente informe del Foro Económico Mundial y McKinsey presentado en Davos esta semana, la adopción plena de IA en América Latina podría aumentar la productividad regional entre 1.9 y 2.3 por ciento anual, generando entre 1.1 y 1.7 billones de dólares en valor económico adicional. Sin embargo, el mismo informe advierte que la región enfrenta brechas significativas en infraestructura digital, talento especializado y marcos regulatorios. Perú, con su reglamento entrando en vigor, se posiciona como un laboratorio para demostrar que es posible avanzar en regulación sin esperar a alcanzar el desarrollo tecnológico de las potencias del norte. Brasil, con su Proyecto de Ley 2338 aún en trámite legislativo, y Chile, con iniciativas dispersas a través de CORFO, observan con atención el experimento peruano. El Salvador también ha avanzado en regulación, pero el enfoque peruano destaca por su exhaustividad y su énfasis en la protección de derechos fundamentales.

Desde la perspectiva del Sumak Kawsay, el reglamento peruano presenta tanto promesas como tensiones que merecen análisis profundo. Por un lado, los principios rectores establecidos, que incluyen no discriminación, protección de datos personales, transparencia, supervisión humana y desarrollo ético, resuenan con los valores de reciprocidad y equilibrio que caracterizan al Buen Vivir andino. La obligación de las empresas de establecer políticas claras de capacitación interna sobre riesgos de IA refleja el principio de Ayni: si la tecnología extrae valor de la comunidad, debe también devolver conocimiento y protección. Sin embargo, persisten interrogantes sobre cómo se implementarán estas normas en comunidades rurales donde la conectividad es precaria y donde sistemas de IA agrícola o de salud podrían desplegarse sin que las poblaciones afectadas comprendan plenamente su funcionamiento. El principio de consulta previa, fundamental para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente en Perú, no aparece explícitamente mencionado en el reglamento, una omisión que organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú han señalado con preocupación.

Las obligaciones para el sector privado establecen un cronograma de implementación gradual que busca equilibrar la protección ciudadana con la viabilidad empresarial. Las empresas que desarrollen o utilicen sistemas de IA de alto riesgo deberán realizar evaluaciones de impacto, establecer mecanismos de supervisión humana, garantizar la explicabilidad de las decisiones algorítmicas y mantener registros auditables. Estas obligaciones, aunque menos estrictas que las del Reglamento Europeo de IA, representan un salto cualitativo para una región donde la autorregulación ha sido la norma. El desafío estará en la capacidad del Estado peruano para fiscalizar el cumplimiento, especialmente considerando que muchos de los sistemas de IA más utilizados en el país provienen de empresas multinacionales con servidores fuera de la jurisdicción nacional. Aquí emerge la tensión entre soberanía digital y dependencia tecnológica que atraviesa todo el debate latinoamericano sobre IA.

Cuando mañana el reglamento entre en vigencia, Perú habrá dado un paso que ningún otro país de la región ha completado: pasar de las declaraciones de principios a las obligaciones concretas. El camino por delante está lleno de incertidumbres. ¿Tendrá el Estado la capacidad institucional para hacer cumplir estas normas? ¿Cómo responderán las empresas tecnológicas globales a un marco regulatorio diseñado desde Lima? ¿Servirá este experimento como modelo para otros países de la región, o quedará como un caso aislado? Más profundamente, ¿puede un marco legal occidental, aun adaptado localmente, capturar verdaderamente los valores del Buen Vivir en la gobernanza tecnológica? Mientras América Latina busca su propio camino en la era de la inteligencia artificial, la experiencia peruana ofrece una primera respuesta: es posible actuar sin esperar permiso, regular sin ser potencia tecnológica, y afirmar la soberanía epistémica desde los Andes. El Tinkuy, el encuentro entre conocimientos diversos, apenas comienza.